El año 2026 trae consigo un cambio radical en la tributación de los ingresos digitales en España. La Agencia Tributaria reforzará sus mecanismos de control para asegurar la trazabilidad completa de todos los cobros electrónicos realizados por autónomos, profesionales y empresas.
Este artículo ofrece una visión clara y práctica de las nuevas obligaciones y los pasos indispensables para mantenerse al día.
Cambios normativos clave
El Real Decreto 253/2025 modifica el reglamento de inspección tributaria y establece reportes informativos mensuales obligatorios a partir del 1 de enero de 2026. Se elimina el umbral de 3.000 € para declarar cobros, de manera que no habrá mínimo en las transacciones a reportar.
- Modelos 196 y 170 mensuales para bancos, emisores de tarjetas y plataformas electrónicas.
- Obligación de enviar datos de cada cobro digital, incluso de 2 € por Bizum.
- Aplicación de VeriFactu para sociedades desde enero, y para autónomos desde julio de 2026.
Estos reportes incluirán datos del receptor, importe, medio de pago y detalles del terminal o cuenta vinculada.
Medios de pago y transacciones controladas
La fiscalidad digital abarcará todos los canales electrónicos utilizados en la actividad profesional. A continuación, un resumen comparativo:
Las transacciones entre particulares ocasionales quedan excluidas, siempre que no formen parte de la actividad económica habitual.
Obligaciones para autónomos, pymes y profesionales
Cada cobro digital deberá ir acompañado de una factura según lo establecido en el reglamento. Esto implica:
- Emitir factura por cada cobro digital con nombre, NIF, concepto, importe e IVA/IRPF.
- Registrar todas las operaciones en los libros contables oficiales.
- Declarar ingresos y gastos en los modelos trimestrales o anuales correspondientes.
- Separar las finanzas personales de las profesionales con una cuenta bancaria exclusiva.
- Adoptar un software certificado VeriFactu; el envío de PDFs por correo no es válido.
La correcta implementación de estas herramientas garantizará que se eviten discrepancias y sanciones en inspecciones futuras.
Sanciones por incumplimiento
La normativa contempla distintos grados de infracción según la cuantía y la intencionalidad:
Infracciones leves: multas de hasta 3.000 € cuando no exista ocultación deliberada. Graves: sanciones entre el 50 % y el 100 % de lo no declarado. Muy graves: del 100 % al 150 % si se detecta ocultación continuada.
Además de las multas, las inspecciones pueden derivar en recargos, intereses de demora y un impacto negativo en la reputación profesional.
Objetivos y contexto de Hacienda
La reforma persigue reducir el fraude y la economía sumergida al cruzar automáticamente datos de cobros con las declaraciones de IVA e IRPF. Con la desaparición del efectivo ilimitado, el estado refuerza la transparencia de la facturación digital.
Algunas ventajas del nuevo sistema:
- Mayor trazabilidad de las operaciones.
- Mejor servicio al contribuyente con información consolidada.
- Incremento de la eficacia recaudatoria.
Para despachos y profesionales liberales, este cambio supone acelerar la digitalización de procesos y actualizar los sistemas de gestión contable.
Preparación y recomendaciones prácticas
Para afrontar con éxito la entrada en vigor de estas medidas, se aconseja:
- Evaluar y elegir un software VeriFactu compatible con tu actividad.
- Formar al equipo o al despacho en el manejo de las nuevas obligaciones.
- Revisar los procesos de conciliación bancaria para integrar automáticamente los cobros y pagos.
Implementar estas acciones permitirá cumplir con la normativa desde el primer día y minimizar el riesgo de sanciones.
En definitiva, la fiscalidad online en España a partir de 2026 transforma la manera de gestionar los ingresos digitales. Con un control exhaustivo de los pagos electrónicos y la obligación de reportar cada transacción, la normativa refuerza la transparencia y persigue la erradicación de la economía sumergida.
Prepararse con antelación y adoptar las herramientas adecuadas es la clave para navegar con confianza en este nuevo escenario tributario.
